Ayotzinapa, la herida abierta de México

Ciudad de México.- Además de encabezar la lista de entidades más violentas de México, Guerrero es el territorio donde se abrió una herida que aún le duele a los mexicanos: la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, estado de Guerrero, 6 personas fueron privadas de la vida y 43 alumnos de la Escuela “Raúl Isidro Burgos”, fueron desaparecidos.

A cinco años de estos sucesos, las líneas de investigación señalan como presuntos responsables a miembros de la delincuencia organizada en contubernio con servidores públicos de los municipios de Iguala y Cocula.

Para la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes se desplegaron elementos de todas las fuerzas federales, se sumaron equipos de inteligencia, binomios caninos, helicópteros, aeronaves de reconocimiento, brigadas de buzos, laboratorios móviles, servicios forenses internacionales y se establecieron recompensas. Nada ha sido suficiente para encontrarlos.

Sus padres han acudido a instancias nacionales e internacionales, y el país entero se ha volcado en una exigencia de búsqueda y entrega con vida. Son cinco años desde aquella noche del 26 de septiembre, cuando una manifestación por mejoras en la educación pública del estado de Guerrero desató la furia de la autoridad en complicidad con la delincuencia organizada.

La llamada “verdad histórica” intentó dar explicaciones a estos hechos asegurando que los alumnos habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. De estos años de investigaciones, análisis y detenciones, la constante es la falta de justicia.

Hoy esa herida, lejos de cerrar, cada día se expone más. Instituciones de justicia han privilegiado el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia de las víctimas. Tan sólo de 2014 a 2018, se detuvieron 142 personas, entre policías de Cocula e Iguala, así como presuntos integrantes de Guerreros Unidos. El 15 de septiembre de este año, fueron liberados 24 detenidos.

«Las sentencias representan una infamia» declaró el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, frente a padres de los normalistas que llevan cinco años viviendo entre la injusticia y la desesperación de no ver a sus hijos.

El horizonte judicial es desolador. Más de la mitad de los acusados —77 de 142— ya han sido liberados. De todos los implicados, apenas una treintena están imputados por la desaparición de los 43 estudiantes, según datos del Centro Prodh, un organismo independiente que ha seguido todo el caso y que ha documentado también violaciones a los derechos humanos y contra el debido proceso a 83 personas, entre ellas 24 policías que fueron liberados el pasado fin de semana, solo unos días después de que uno de los principales acusados, Gildardo López Astudillo, El Gil, también quedase en libertad. El naufragio del proceso judicial se venía avisando desde hacía tiempo por distintas instancias. Los primeros liberados fueron detenidos por hechos relacionados con la “verdad histórica”, la línea de investigación que impulsó el Gobierno de Enrique Peña Nieto para cerrar el caso y que afirmaba que los 43 estudiantes fueron quemados hasta ser reducidos a cenizas en un basurero.

Tanto el actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, como la nueva Fiscalía General de la República, que se presupone independiente del Ejecutivo por primera vez, han prometido una investigación prácticamente nueva ante el alud de irregularidades. “Desde cero”, ha dicho el fiscal especial del caso, sin concretar si la afirmación es metafórica o si, de verdad, va a obviarse cualquier avance que se haya hecho. Pese al flagrante naufragio en los tribunales, en este tiempo ha habido informes y estudios de organismos internacionales e independientes que no deberían ser ignorados.

La solidaridad de López Obrador, a diferencia de su antecesor, con los familiares de los 43 estudiantes ha sido constante desde antes incluso de que asumiera la presidencia. Los gestos y declaraciones, no obstante, hace tiempo que dejaron de ser suficientes. México debe demostrar que puede acometer un proceso judicial serio y que la Fiscalía es independiente del poder Ejecutivo. Lo que está en juego no es solo esclarecer qué ocurrió aquel 26 de septiembre; también dar un gran paso hacia la consolidación de un Estado de derecho. Una deuda con los familiares de los 43 desaparecidos y con toda la sociedad mexicana.

Aun no se sabe cuándo cicatrizará esta herida, cuándo se esclarecerá la desaparición de los estudiantes. Pero es una oportunidad histórica para que este lamentable hecho establezca las bases para eliminar errores que han permitido dejar en la impunidad actos injustos de abuso de fuerza, delincuencia organizada y corrupción. Sería la mejor forma de conmemorar esa terrible noche en Iguala.

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